Nicaragua: Expertos de la ONU revelan financiamiento corrupto de la represión y red de espionaje contra exiliados, exigen justicia y libertad
10 de marzo de 2026
Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua
GINEBRA/PANAMÁ – El Gobierno de Nicaragua está financiando la represión de sus opositores mediante el desvío de fondos públicos y está atacando a personas exiliadas a través de una red transnacional de vigilancia e inteligencia, advirtió hoy el Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua en su informe publicado hoy.
El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos instó a los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a asegurar la rendición de cuentas, restablecer el espacio cívico y adoptar medidas significativas para garantizar los derechos de todos los nicaragüenses, incluidos quienes se encuentran en el exilio.
“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos. “La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”.
Con base en decenas de entrevistas y una amplia evidencia documental, el informe documenta cómo, desde 2018, fondos públicos han sido desviados para financiar la represión a través de la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), diseñada para canalizar el financiamiento para operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias.
Algunos de los fondos gubernamentales destinados para asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos fueron redirigidos para financiar operaciones de seguridad violentas, incluido el operativo represivo contra las protestas de 2018, conocido como “Operación Limpieza”.
“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos. “La represión en Nicaragua no es improvisada: está estructurada y financiada bajo un esquema de corrupción”.
El informe también detalla una extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero.
El Gobierno ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua. Otras personas han enfrentado vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de INTERPOL, confiscación de propiedades y castigos por asociación contra familiares que se encuentran en el país.
Se han reportado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluido el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y crítico del gobierno, Roberto Samcam.
El informe documenta una estructura de inteligencia de múltiples niveles integrada por el ejército, la policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del FSLN. La vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing) han sido utilizados para silenciar a personas críticas.
El grupo señaló que el actual Coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, mientras ocupaba importantes cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023, habría presuntamente formado parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países.
“Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio”, afirmó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. “Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”.
El informe reiteró las conclusiones previas de que las violaciones cometidas desde 2018 constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad.
El informe también documentó la dimensión de género de la represión. Defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, lideresas políticas y comunitarias, así como personas LGBTIQ+, han sido sometidas a persecución política, violencia basada en género y campañas de estigmatización moral tanto dentro de Nicaragua como en el exilio.
“Los patrones de violaciones con dimensión de género no ocurren de manera aislada. Forman parte de una estrategia represiva deliberada destinada a castigar a las mujeres y a los movimientos feministas por su liderazgo histórico como actores políticos autónomos”, afirmó Peralta.
Dado que Nicaragua ha suspendido su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y se ha retirado de varios órganos de las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos subrayó que la rendición de cuentas internacional es hoy más urgente que nunca.
El Grupo hizo un llamado a los Estados a movilizar un marco integral de rendición de cuentas —que incluya jurisdicción universal, sanciones selectivas y litigios basados en tratados internacionales—, al tiempo que se garantiza una protección sólida para la población exiliada y se evita la utilización de mecanismos jurídicos y financieros internacionales por parte de las autoridades nicaragüenses.
“Cuanto más se retrase la acción, mayor será el daño y más profundas las consecuencias”, afirmó Simon. “Sin embargo, la resiliencia de las víctimas —fortalecida por la cuidadosa documentación de sus experiencias— sigue impulsando la búsqueda de la verdad, la justicia y el pleno cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”.
El Gobierno de Nicaragua debería adoptar medidas inmediatas para desmantelar la arquitectura de la represión, derogando todas las reformas legislativas y constitucionales restrictivas adoptadas desde 2018, disolviendo los aparatos paraestatales y restableciendo la separación de poderes.
El Grupo también instó al Gobierno a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos y a restablecer plenamente los derechos humanos de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones religiosas, además de permitir el acceso al país sin restricciones de los mecanismos internacionales de monitoreo —incluido el Grupo de Expertos— para supervisar el retorno seguro de las personas exiliadas, así como los procesos de justicia y reparación.
“El Grupo de Expertos está dispuesto a comprometerse directa y constructivamente con las autoridades”, señaló Brody. “Estamos preparados para viajar a Nicaragua con el objeto de monitorear los avances y apoyar la implementación de reformas en materia de derechos humanos”.
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