Nicaragua y la Respuesta Hemisférica en el Marco del TIAR

 

El Perfilamiento Institucional del Sistema Judicial Nicaragüense y la Respuesta Hemisférica en el Marco del TIAR

Análisis por Nicaragua Nueva Generación (NNG)

I. Marco de Ilegitimidad Institucional y Fundamentos Constitucionales e Interamericanos

Desde la perspectiva de Nicaragua Nueva Generación (NNG), la evolución institucional del sistema judicial nicaragüense durante la última década ha generado profundas preocupaciones respecto a la independencia judicial, la separación de poderes y la observancia de los procedimientos constitucionales de nombramiento de altos funcionarios del Estado.

Diversos sectores nacionales e internacionales han señalado que la continuidad de magistrados cuyos períodos constitucionales habían expirado, así como determinados procesos de designación posteriores, plantean interrogantes sobre la conformidad de dichas actuaciones con los artículos 130, 138 y 165 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Asimismo, organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han documentado la concentración progresiva del poder público y el debilitamiento de los mecanismos institucionales de control, situación que ha provocado cuestionamientos sobre la autonomía de los órganos jurisdiccionales y su capacidad para actuar como garantes independientes del Estado de Derecho.

Según este enfoque, la falta de independencia judicial habría contribuido a la validación de decisiones administrativas y jurisdiccionales relacionadas con procesos electorales, restricciones a libertades fundamentales, limitaciones al ejercicio de la oposición política y controversias vinculadas al derecho de propiedad.

Referencia:

• Informe Anual de la CIDH sobre la Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua

II. Mandato Ante la Reunión de Cancilleres de la OEA y el Mecanismo del TIAR

En el contexto de la convocatoria a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la situación de Nicaragua representa uno de los desafíos institucionales más relevantes para el sistema interamericano.

La discusión hemisférica se desarrolla en un escenario caracterizado por denuncias persistentes de restricciones al pluralismo político, confiscaciones de bienes, limitaciones a la sociedad civil organizada y una creciente preocupación internacional respecto a la consolidación de estructuras estatales altamente centralizadas.

Desde la óptica de NNG, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) constituye un instrumento jurídico que permite a los Estados analizar situaciones que puedan afectar la paz, la estabilidad y la seguridad regionales, especialmente cuando convergen factores políticos, económicos e institucionales con potencial impacto hemisférico.

En este marco, se considera relevante evaluar la legitimidad institucional de los actuales órganos judiciales, así como los efectos que determinadas decisiones jurisdiccionales han tenido sobre derechos fundamentales, la propiedad privada y la participación democrática.

Referencia:

• Resoluciones y Convocatorias del Consejo Permanente de la OEA sobre la Situación en Nicaragua

III. Ampliación del Análisis: Derechos Humanos, Propiedad Privada y Relaciones Estratégicas Extracontinentales

La actuación del sistema judicial ha sido objeto de observación por parte de organismos nacionales e internacionales en tres ámbitos especialmente relevantes.

1. Procesos Judiciales Contra Defensores de Derechos Humanos

Diversas organizaciones han denunciado la utilización de procesos penales contra activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Entre los casos frecuentemente citados por organizaciones de la sociedad civil se encuentran procesos desarrollados en el departamento de Boaco contra integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), los cuales continúan siendo objeto de controversia pública y demandas de revisión independiente.

Referencia:

• CPDH.org

2. Confiscaciones y Controversias sobre la Propiedad Privada

Durante los últimos años, distintos informes periodísticos y de derechos humanos han documentado procesos de confiscación, ocupación o transferencia de bienes pertenecientes a organizaciones civiles, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos nicaragüenses.

Tales actuaciones han sido señaladas como una de las principales fuentes de inseguridad jurídica para la inversión nacional e internacional, generando preocupación acerca del respeto de las garantías constitucionales relacionadas con la propiedad privada.

Referencia de Veracidad

• Investigación Especial de Confidencial sobre las Confiscaciones en Nicaragua

3. Relaciones Estratégicas y Cooperación con Actores Extracontinentales

Analistas regionales han expresado preocupación por la profundización de vínculos estratégicos del Estado nicaragüense con actores gubernamentales y empresariales de países como China, Rusia e Irán.

La relevancia geopolítica de estos acuerdos ha motivado debates crecientes sobre sus implicaciones para la seguridad hemisférica, las cadenas de suministro estratégicas y el equilibrio político regional.

IV. Perfil Institucional de Magistrados y Altos Funcionarios Judiciales

La reciente reestructuración de la Corte Suprema de Justicia configura una nueva etapa en la administración del sistema judicial nicaragüense.

A continuación se presentan perfiles institucionales de algunos de sus principales integrantes con base en información pública y reportes periodísticos de amplia circulación.

Ana Julia Guido Ochoa

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Funciones actuales: Dirección administrativa e institucional del Poder Judicial y conducción estratégica del pleno de magistrados.

Trayectoria: Ex Fiscal General de la República y funcionaria vinculada históricamente a estructuras estatales de seguridad y justicia.

Importancia institucional: Su designación ha sido interpretada por diversos observadores como un reflejo de la consolidación del control político sobre las estructuras judiciales.

Referencia:

• El pasado de la fiscal Ana Julia Guido, asaltar bancos y traficar armas
• Cobertura de Swissinfo sobre su designación

José Manuel Fuertes Toledo

Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia

Funciones actuales: Coordinación administrativa del pleno judicial y sustitución de la presidencia cuando corresponda.

Trayectoria: Ex operador político departamental y figura con amplia presencia en las estructuras partidarias de Boaco.

Contexto institucional: Distintos análisis señalan que su ascenso refleja el fortalecimiento de nuevos centros de influencia dentro del aparato estatal.

Referencia:

• Análisis de Confidencial sobre la designación de Manuel Fuertes

Ernesto Leonel Rodríguez Mejía

Magistrado Propietario

Funciones actuales: Participación en decisiones jurisdiccionales vinculadas a salas civiles y penales.

Trayectoria: Carrera judicial desarrollada en diferentes instancias del Poder Judicial de Managua.

Referencia:

• Historia Roja y Negra del juez Ernesto Rodriguez
• El Historial de los Magistrados del TAM y la jueza orteguista saccionada por Estados Unidos

Shura Bonilyn Welcome Crawford

Magistrada Propietaria

Funciones actuales: Participación en asuntos judiciales relacionados con la Costa Caribe y jurisdicciones regionales.

Trayectoria: Carrera desarrollada en diversas instancias judiciales de Bluefields y Corn Island.

Octavio Ernesto Rothschuh Andino

Magistrado Propietario

Funciones actuales: Participación en la administración y resolución de asuntos penales.

Trayectoria: Experiencia previa como magistrado de apelaciones y juez en distintos territorios del país.

Referencia:

• Perfil de La Prensa sobre magistrados de la CSJ
• Reportaje de Nicaragua Investiga sobre Octavio Rothschuh

V. Escenarios de Riesgo Ante un Eventual Proceso de Transición

1. Pérdida o alteración de registros institucionales y documentación pública.

2. Incremento de tensiones políticas y sociales durante la reorganización institucional.

3. Retrasos en procesos de restauración de justicia y reparación a víctimas.

4. Traslado acelerado de activos financieros hacia jurisdicciones extranjeras.

VI. Escenarios de Oportunidad para la Comunidad Internacional

1. Fortalecimiento de la presión diplomática multilateral en favor del restablecimiento del Estado de Derecho.

2. Ampliación de mecanismos de rendición de cuentas mediante instrumentos legales nacionales e internacionales.

3. Coordinación regional de medidas migratorias y financieras conforme al derecho internacional.

4. Impulso de mecanismos de cooperación judicial y preservación de evidencia para futuras investigaciones.

VII. Recomendaciones desde NNG

NNG considera prioritario que la comunidad internacional continúe promoviendo:

1. La revisión independiente de procesos judiciales cuestionados por organismos nacionales e internacionales.
2. La protección efectiva de defensores de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, académicos y organizaciones de la sociedad civil que enfrentan riesgos derivados de su labor cívica.
3. La investigación de posibles actos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos mediante procedimientos ajustados al debido proceso y a los estándares internacionales de justicia.
4. La recuperación de la confianza institucional mediante reformas profundas del sistema de justicia, fortaleciendo la independencia judicial, la transparencia y la rendición de cuentas.
5. La creación de mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición compatibles con los estándares interamericanos.
6. El fortalecimiento de los esfuerzos internacionales orientados a documentar, preservar y resguardar evidencia relacionada con presuntas violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.
7. La implementación de auditorías y evaluaciones internacionales independientes sobre el funcionamiento de las instituciones públicas y los mecanismos de nombramiento de altas autoridades del Estado.
8. El establecimiento de mecanismos permanentes de monitoreo y seguimiento del Estado de Derecho, con informes periódicos ante organismos regionales e internacionales.
9. La protección y documentación de los derechos de personas afectadas por confiscaciones, expropiaciones, cancelaciones de personalidad jurídica o afectaciones patrimoniales, con miras a futuros procesos de restitución o reparación.
10. La cooperación internacional para identificar, rastrear y transparentar activos presuntamente vinculados a redes de corrupción, conforme a las garantías del debido proceso y al derecho internacional.
11. La creación de registros documentales y bases de datos verificables sobre casos de persecución política, restricciones a libertades fundamentales y vulneraciones al debido proceso.
12. El fortalecimiento de programas orientados a la recuperación institucional y democrática, incluyendo la profesionalización de la función pública, la transparencia gubernamental y la modernización administrativa.
13. La observación y el acompañamiento internacional de futuros procesos electorales, garantizando condiciones de transparencia, pluralismo político, participación ciudadana y confianza pública.
14. La promoción de medidas de protección para personas desplazadas, exiliadas o privadas arbitrariamente de derechos civiles, políticos o de nacionalidad.
15. El fortalecimiento de la seguridad jurídica y del respeto al derecho de propiedad como elementos esenciales para la recuperación económica, la inversión y la estabilidad institucional.
16. La creación de mecanismos internacionales que permitan evaluar periódicamente el cumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos y gobernanza democrática.
17. El impulso de programas de educación cívica, cultura democrática y participación ciudadana dirigidos especialmente a jóvenes, organizaciones comunitarias y liderazgos emergentes.
18. La evaluación de los efectos regionales de la crisis institucional nicaragüense sobre la migración, la seguridad hemisférica, la gobernabilidad democrática y la estabilidad regional.
19. El fortalecimiento de la cooperación entre organismos multilaterales, gobiernos democráticos y sociedad civil para apoyar la preservación de espacios cívicos, la libertad de asociación y la participación ciudadana.
20. La promoción de un marco internacional de acompañamiento técnico para una eventual transición democrática, enfocado en la reconstrucción institucional, la reconciliación nacional y el fortalecimiento sostenible del Estado de Derecho.

***Equipo NNG*** 

Reunion de Cancilleres Octubre 2, 2026: Implicaciones para la Seguridad Regional y la Gobernanza Interamericana

 

La Cohesión Hemisférica ante la Crisis Democrática en Nicaragua: Implicaciones para la Seguridad Regional y la Gobernanza Interamericana

Escrito por: Grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG)

I. La Necesidad de una Respuesta Hemisférica Coherente

El Grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG) considera que la situación política e institucional de Nicaragua continúa planteando serios desafíos para los principios democráticos consagrados en el Sistema Interamericano. Diversos organismos internacionales han documentado preocupaciones relacionadas con la separación de poderes, la participación política, las libertades fundamentales y el respeto de los derechos humanos, generando debates sobre la vigencia efectiva de los compromisos asumidos por los Estados miembros de la región. 

Frente a este escenario, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los instrumentos jurídicos regionales, incluida la Carta Democrática Interamericana y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ofrecen mecanismos institucionales destinados a preservar la democracia representativa y la estabilidad hemisférica. Sin embargo, la eficacia de dichos mecanismos depende, en gran medida, de la voluntad política de los Estados y de su capacidad para construir consensos y respuestas colectivas. 

II. Marco Jurídico Institucional: Consejo Permanente y Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

Consejo Permanente (Artículos 18 y 20 de la Carta Democrática Interamericana)

Como órgano permanente de la OEA, el Consejo Permanente constituye el principal espacio de monitoreo, diálogo político y reacción temprana ante posibles alteraciones del orden democrático. Su función se orienta a facilitar gestiones diplomáticas, promover mecanismos de mediación y fomentar soluciones consensuadas dentro del marco de la cooperación interamericana. 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (Artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana)

La Reunión de Consulta representa el máximo nivel de conducción política del Sistema Interamericano en situaciones de especial gravedad. Su convocatoria permite a los Estados miembros evaluar medidas institucionales de mayor alcance, incluida la consideración de mecanismos extraordinarios previstos por el derecho interamericano cuando se concluye que existe una alteración grave del orden democrático. 

III. Teorías Analíticas sobre la Actuación de los Órganos Interamericanos Frente a Nicaragua

Con el propósito de examinar los posibles cursos de acción institucional, NNG propone seis escenarios teóricos que permiten comprender las fortalezas y limitaciones de los mecanismos interamericanos. 

1.    Teoría de la Contención Institucional

El Consejo Permanente puede desempeñar una función relevante manteniendo la situación nicaragüense dentro de la agenda regional. Sin embargo, su capacidad de incidencia puede verse limitada cuando las diferencias políticas entre los Estados dificultan la adopción de decisiones de mayor alcance. 

2.    Teoría de la Escalada Diplomática

Cuando los mecanismos ordinarios resultan insuficientes, la Reunión de Cancilleres permite elevar el nivel político de la discusión y fortalecer la presión diplomática colectiva para promover el cumplimiento de los principios democráticos. 

3.    Teoría del Bloqueo por Divergencias Políticas

Las distintas visiones ideológicas y geopolíticas presentes en el hemisferio pueden dificultar la construcción de consensos, limitando la efectividad de las respuestas multilaterales. 

4.    Teoría de la Fragmentación del Consenso

La ausencia de las mayorías calificadas requeridas por los instrumentos interamericanos puede proyectar una imagen de división regional y debilitar la capacidad disuasiva del sistema. 

5.    Teoría de las Respuestas Parciales

Ante la dificultad de alcanzar acuerdos multilaterales amplios, algunos Estados podrían optar por medidas individuales o coordinaciones subregionales que, si bien generan presión política, carecen del peso institucional de una posición hemisférica conjunta.

6.    Teoría del Desconocimiento Institucional

Este enfoque plantea la utilización de los mecanismos más robustos previstos por la Carta Democrática Interamericana para cuestionar la legitimidad institucional de procesos considerados incompatibles con los estándares democráticos regionales. 

IV. Escenarios de Riesgo para la Gobernanza y la Seguridad Hemisférica

Un escenario caracterizado por la falta de consensos y respuestas coordinadas podría producir diversas consecuencias negativas para el sistema regional. 

1.    Debilitamiento del Principio de Defensa Colectiva Democrática

La percepción de insuficiente respuesta institucional puede erosionar la credibilidad de los compromisos hemisféricos relacionados con la defensa de la democracia y el Estado de derecho.

2.    Pérdida de Relevancia del Sistema Interamericano

La incapacidad para responder de manera efectiva a crisis democráticas complejas podría afectar la legitimidad política y la capacidad de influencia de los organismos regionales. 

3.    Expansión de Espacios de Impunidad

La ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas puede contribuir a la consolidación de prácticas contrarias a los estándares internacionales de gobernanza democrática. 

4.    Impacto sobre la Seguridad Regional

La persistencia de focos de inestabilidad institucional puede tener efectos indirectos en materia migratoria, cooperación regional, combate al crimen organizado y seguridad hemisférica. 

V. Escenarios Positivos de Acción Coordinada

Por el contrario, una respuesta colectiva sustentada en el derecho internacional y en la cooperación regional podría contribuir a la generación de resultados favorables para el hemisferio. 

1.    Fortalecimiento de la Cooperación contra el Crimen Organizado

La coordinación regional puede mejorar los mecanismos de control, intercambio de información y cooperación judicial frente a amenazas transnacionales. 

2.    Protección de Infraestructuras Estratégicas y de la Seguridad Regional

La cooperación hemisférica permite evaluar de manera conjunta riesgos asociados a factores geopolíticos y a la presencia de actores externos en áreas de interés estratégico. 

3.    Reafirmación de los Principios Democráticos

Una acción coordinada fortalecería la vigencia de los compromisos asumidos en materia de democracia representativa, derechos humanos y Estado de derecho. 

4.    Generación de Condiciones para una Solución Democrática

La presión diplomática y el acompañamiento internacional podrían contribuir a crear condiciones favorables para procesos de apertura política y fortalecimiento institucional. 

VI. La Crisis Nicaragüense desde una Perspectiva de Seguridad Hemisférica

NNG considera que las crisis institucionales prolongadas pueden trascender el ámbito interno de un Estado y generar efectos regionales en materia de gobernabilidad, migración, seguridad y cooperación internacional. 

Entre los riesgos más relevantes destacan:

• El debilitamiento de los mecanismos institucionales encargados de combatir el crimen organizado transnacional. 
• El incremento de vulnerabilidades geopolíticas en áreas de interés estratégico para la región. 
• Los efectos migratorios derivados de contextos prolongados de restricción de derechos y deterioro económico. 
• El posible efecto demostrativo que pueden generar procesos de erosión democrática sobre otros sistemas políticos. 

VII. Estrategias de Acción para los Estados Miembros

NNG propone un decalogo constitucional orientado a fortalecer la coherencia y efectividad de la respuesta hemisférica. 

• Coordinación Diplomática Previa: Promover consultas anticipadas entre los Estados miembros para facilitar consensos y evitar bloqueos procedimentales.
• Definición Temprana del Marco Jurídico: Incorporar desde el inicio los fundamentos del derecho interamericano aplicables al caso.
• Coordinación de Medidas Económicas y Financieras: Analizar mecanismos multilaterales compatibles con el derecho internacional y orientados a incentivar cambios institucionales. 
• Diseño de Mecanismos de Acompañamiento Democrático: Evaluar fórmulas de apoyo internacional a eventuales procesos de transición política.
• Prevención de Riesgos Geopolíticos: Incorporar el análisis de seguridad regional dentro del debate hemisférico. 
• Seguimiento y Verificación Permanente: Establecer mecanismos periódicos de evaluación de compromisos y resultados. 

VIII. Componentes Legales Fundamentales para una Resolución Hemisférica

1.    Aspectos Técnicos y Financieros

Fundamento Legal: disposiciones pertinentes de la Carta de la OEA y de los instrumentos regionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

2.    Derechos Humanos y Cumplimiento de Obligaciones Internacionales

Fundamento Legal: Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

3.    Carta de la OEA y Carta Democrática Interamericana

Fundamento Legal: principios relacionados con la democracia representativa, la legitimidad institucional y la preservación del orden constitucional. 

4.    Compromisos Derivados de la IX Cumbre de las Américas

Fundamento Legal: declaraciones y compromisos políticos adoptados por los Estados miembros en materia de gobernabilidad democrática y transparencia.

5.    Seguridad Hemisférica y Cooperación Regional

Fundamento Legal: Carta de la OEA y Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en cuanto a los principios de solidaridad y cooperación colectiva. 

IX. Desde NNG:  La Coherencia Hemisférica frente a la Crisis Democrática en Nicaragua

La situación de Nicaragua ha trascendido hace tiempo el ámbito de una crisis política interna para convertirse en un desafío de relevancia hemisférica que interpela directamente la credibilidad, coherencia y capacidad de respuesta del Sistema Interamericano. La erosión sostenida del Estado de derecho, las reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el incumplimiento sistemático de obligaciones internacionales constituyen elementos que, analizados en conjunto, ofrecen fundamentos jurídicos suficientes para que los Estados miembros consideren la activación de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA y, cuando corresponda a la valoración soberana de los Estados Parte, los instrumentos de seguridad colectiva contemplados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La gravedad del caso nicaragüense no radica únicamente en la persistencia de restricciones a los derechos fundamentales. El problema adquiere una dimensión mayor cuando las violaciones a los derechos humanos se acompañan de alteraciones estructurales del orden constitucional, concentración del poder político, debilitamiento de los mecanismos de control institucional y desconocimiento de estándares internacionales libremente aceptados por el Estado. En tales circunstancias, la comunidad hemisférica enfrenta no solamente un cuestionamiento ético, sino también un desafío jurídico que pone a prueba la efectividad de los compromisos regionales destinados a preservar la democracia representativa y la estabilidad continental.

La experiencia histórica demuestra que los procesos de deterioro democrático rara vez permanecen confinados dentro de las fronteras nacionales. Cuando las instituciones dejan de operar bajo parámetros de legalidad, rendición de cuentas y control democrático, aumentan los riesgos asociados a la inestabilidad regional, la migración forzada, la expansión de economías ilícitas, el tráfico de personas, el narcotráfico, la corrupción transnacional y la penetración de actores que buscan aprovechar vacíos de gobernanza. La ausencia de respuestas oportunas puede generar espacios de fragilidad institucional cuyas consecuencias terminan afectando a toda la región.

Por ello, minimizar la gravedad de la crisis nicaragüense o asumir que sus efectos permanecerán limitados dentro del territorio nacional constituye una lectura insuficiente de la experiencia histórica. A lo largo del siglo XX, numerosas corrientes autoritarias y proyectos políticos inicialmente percibidos como fenómenos locales o transitorios evolucionaron hasta convertirse en factores de profunda desestabilización regional e internacional. La historia demuestra que la indiferencia frente al debilitamiento progresivo de la democracia suele generar costos políticos, humanos y de seguridad considerablemente mayores que la adopción temprana de medidas preventivas y correctivas.

En consecuencia, la próxima Reunión de Cancilleres representa una oportunidad decisiva para reafirmar la autoridad normativa del Sistema Interamericano. La adopción de una posición firme, jurídicamente fundamentada y coordinada no debe interpretarse como un acto de confrontación, sino como el cumplimiento de las obligaciones colectivas asumidas por los Estados en defensa de la democracia, los derechos humanos y la seguridad hemisférica. La credibilidad de los instrumentos regionales dependerá de la capacidad de los gobiernos para actuar con coherencia entre los principios que proclaman y las medidas que estén dispuestos a implementar.

NNG considera que una acción hemisférica coordinada, sustentada en el derecho internacional, en los mecanismos de la OEA y en los instrumentos jurídicos disponibles para la defensa colectiva de la democracia, constituye la vía más legítima para acompañar un proceso de retorno al orden constitucional, la restauración de las libertades fundamentales y la reconstrucción de las instituciones democráticas en Nicaragua. La verdadera fortaleza del Sistema Interamericano no se medirá por la cantidad de declaraciones emitidas, sino por su capacidad para transformar sus principios jurídicos en acciones concretas orientadas a garantizar la paz, la estabilidad y la democracia para todos los pueblos de las Américas.

X. Referencias 

​Organización de los Estados Americanos (OEA): Carta de la Organización de los Estados Americanos (Firmada en Bogotá en 1948 y sus sucesivos Protocolos de Managua, Buenos Aires y Washington).

​Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Carta Democrática Interamericana (Aprobada por la Asamblea General de la OEA en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001).

​Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): Jurisprudencia reiterada y Sentencias sobre violaciones a derechos políticos y garantías judiciales en Nicaragua (Casos contundentes acumulados y resoluciones de Medidas Provisionales).

​Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR): Tratado de Río (Firmado en Río de Janeiro en 1947, relativo a la asistencia mutua y defensa colectiva hemisférica).

​Cumbre de las Américas: Declaración de Los Ángeles sobre Gobernabilidad Democrática y Resistencia a la Corrupción (Adoptada en la IX Cumbre de las Américas, junio de 2022).

​Derecho Internacional Público: Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) y Principios de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en materia de cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales.

*** Equipo NNG ***

Retos para la Sostenibilidad del Periodismo Nicaraguense.

 

Cooperacion Internacional, Medios en el Exilio y la Transparencia Financiera: Retos para la Sostenibilidad del Periodismo Nicaraguense. 

Por Grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG)

Durante los últimos quince años, el ecosistema de medios independientes nicaragüenses ha experimentado una transformación profunda. El cierre de espacios cívicos, las restricciones a la libertad de prensa, el exilio de periodistas y la migración de redacciones completas hacia otros países obligaron a numerosas plataformas informativas a reconstruir sus modelos operativos fuera de Nicaragua.

En este contexto, la cooperación internacional ha desempeñado un papel relevante en la continuidad de proyectos periodísticos, programas de capacitación y mecanismos de protección para comunicadores en situación de riesgo. Sin embargo, junto con los beneficios de estos apoyos, también ha surgido un debate cada vez más visible sobre transparencia, sostenibilidad financiera, rendición de cuentas y gobernanza institucional.

El presente análisis del Grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG) analiza organismos internacionales, instituciones académicas, fundaciones y documentos públicos disponibles al realizar el blog en su momento de publicación.

La Cooperación Internacional y el Ecosistema de Medios

Diversas agencias de cooperación, fundaciones internacionales y organizaciones multilaterales han financiado programas relacionados con democracia, gobernanza, libertad de expresión, fortalecimiento institucional y formación de periodistas en América Latina y Centroamérica.

Entre las instituciones con presencia documentada en la región destacan:

Universidad Internacional de Florida (FIU)

La Florida International University (FIU), mediante su Center for the Administration of Justice (CAJ), ha ejecutado programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) relacionados con reforma judicial, fortalecimiento institucional y capacitación en Nicaragua y otros países de América Latina.

Según documentación oficial de FIU, el programa de Reforma y Modernización Normativa en Nicaragua fue ejecutado mediante un contrato de USAID orientado al fortalecimiento del sistema de justicia y la formación de diversos actores institucionales y sociales.

• Center for the Administration of Justice - Nicaragua (FIU)
• FIU y USAID: renovación de cooperación institucional (2024)

Fundación Friedrich Ebert (FES)

La Fundación Friedrich Ebert (FES) mantiene una trayectoria de varias décadas en Centroamérica, desarrollando iniciativas relacionadas con democracia social, participación política, diálogo político, sindicatos, investigación y formación de liderazgos.

La propia fundación señala que inició actividades en Nicaragua en 1980 y ha trabajado con universidades, organizaciones sociales, instituciones públicas y centros de investigación.

• FES América Central
• Historia de FES en Nicaragua

Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF)

La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF) desarrolla programas en Centroamérica enfocados en democracia liberal, Estado de derecho, libertades civiles y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil.

La fundación reporta más de tres décadas de presencia regional y cooperación con centros de pensamiento, organizaciones cívicas y actores democráticos.

• Friedrich Naumann Foundation - Central America
• About FNF Central America

El Periodismo Nicaragüense en el Exilio

Uno de los fenómenos más relevantes de la última década ha sido la relocalización de numerosos medios independientes fuera del territorio nicaragüense.

Organismos internacionales como la UNESCO han documentado que varias redacciones operan actualmente desde países como:

• Costa Rica
• Estados Unidos
• España
• México
• Alemania

En 2025, la UNESCO otorgó el Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano al diario La Prensa, destacando que gran parte de su equipo continúa trabajando desde el exilio.

• UNESCO: Premio Mundial de Libertad de Prensa 2025 a La Prensa
• Declaración oficial de UNESCO sobre La Prensa

La existencia de medios operando fuera de Nicaragua constituye un fenómeno ampliamente documentado por organismos internacionales, aunque las cifras exactas sobre financiamiento total recibido por todo el ecosistema mediático no pueden verificarse de forma independiente mediante fuentes públicas consolidadas.

Por esa razón, NNG considera prudente evitar estimaciones globales de montos acumulados cuando no existan auditorías o bases de datos integrales verificables aun cuando es de conocimiento general que el perodismo ha recibido millones de dollares en ayuda.

Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Debate sobre la Transparencia

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) desempeñó durante años un papel significativo en programas de apoyo y capacitación para periodistas nicaragüenses.

Existen documentos públicos que confirman la ejecución de programas financiados por USAID y la realización de auditorías financieras sobre proyectos específicos gestionados por la fundación.

• Auditoría USAID OIG del Programa de Fortalecimiento de Medios (2018)

Asimismo, distintos medios y organizaciones han documentado las controversias políticas y judiciales relacionadas con la fundación a partir de 2021.

Transparencia y Rendición de Cuentas: Un Debate Legítimo

Más allá de posiciones ideológicas o partidarias, existe un consenso creciente en el ámbito internacional sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de gobernanza dentro de organizaciones periodísticas financiadas mediante cooperación internacional.

La transparencia financiera contribuye a:

• Fortalecer la confianza ciudadana.
• Reducir riesgos de conflictos de interés.
• Incrementar la credibilidad institucional.
• Garantizar sostenibilidad de largo plazo.
• Proteger la independencia editorial.

Este principio aplica de manera uniforme a:

• Medios de comunicación.
• Organizaciones civiles.
• Centros de investigación.
• Fundaciones.
• Organismos receptores de cooperación.

La crisis contemporánea de confianza en los medios de comunicación exige abandonar la noción de que la independencia editorial, por sí sola, otorga legitimidad pública. En una época en la que amplios sectores de la ciudadanía perciben que parte del periodismo ha evolucionado hacia prácticas marcadas por el activismo político, el sesgo ideológico y, en algunos casos, el sensacionalismo orientado a la confrontación, la transparencia financiera deja de ser un valor complementario para convertirse en un requisito de supervivencia institucional. Ninguna organización que aspire a influir en el debate público puede reclamar credibilidad mientras se niegue a revelar de manera clara y verificable el origen, destino y administración de los recursos que sostienen sus operaciones. La confianza ciudadana no se construye únicamente mediante denuncias o narrativas de interés público; se construye, sobre todo, mediante la coherencia entre los principios que se defienden y la transparencia con la que se actúa. Por ello, la rendición de cuentas debe ser considerada un estándar innegociable para cualquier medio que aspire a ser reconocido como verdaderamente independiente y al servicio del interés público.

La asistencia financiera e institucional para la libertad de prensa y el periodismo independiente nicaragüense (canalizada principalmente a través de organizaciones basadas en Costa Rica, EE. UU. y Europa debido a la persecución estatal y el cierre de redacciones) se distribuye entre fondos multilaterales, agencias de cooperación estatal y fundaciones privadas.

A continuación se detallan las principales cifras, programas y canales de financiamiento registrados desde 2020:

1. Cooperación Multilateral y Agencias Internacionales

• USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional):

  • Fondos Generales para Sociedad Civil y Medios (2020–2023): A través del programa Nicaragua Media Strengthening Program y convocatorias de la Oficina de Latinoamérica y el Caribe (LAC), USAID destinó entre $15 millones y $20 millones de dólares acumulados para la resiliencia de la sociedad civil, libertad de expresión y apoyo a periodistas en el exilio.

  • Fondo de Apoyo a Periodistas en Exilio (2022–2025): Partidas específicas asignadas a través de socios implementadores en San José (Costa Rica) e IFEX para asistencia de emergencia (vivienda, equipo, reubicación y protección digital), estimadas en $2.5 millones a $4 millones de dólares.

• Unión Europea (Programa Temático de Derechos Humanos y Democracia):

  • Entre 2020 y 2024, la UE asignó una media de €1.5 millones a €2.5 millones de euros anuales en subvenciones dirigidas a la protección de defensores de derechos humanos y libertad de prensa nicaragüense, gestionados principalmente a través de ONG europeas con presencia regional.

2. Fundaciones y Organizaciones Promotoras de la Democracia

• National Endowment for Democracy (NED):

  • La NED pública e históricamente financia proyectos para "Libertad de Información" (Freedom of Information) y "Medios Independientes" en Nicaragua.

  • Subvenciones anuales (2020–2024): El monto anual destinado a proyectos nicaragüenses vinculados a libertad de prensa, monitoreo de violaciones a la libertad de expresión e investigación periodística se ubicó de manera constante entre los $1.2 millones y $1.8 millones de dólares al año (Más de $7 millones de dólares en el periodo 2020–2025).

• Open Society Foundations (OSF):

  • Mantuvo asignaciones anuales estimadas entre $800,000 y $1.2 millones de dólares para la sostenibilidad operativa de medios digitales nicaragüenses en el exilio (como Confidencial, Divergentes, Despacho 505, La Prensa, entre otros) y programas de formación.

3. Organizaciones Especializadas en Libertad de Prensa y Protección

• Consorcios de Emergencia y Protección (Reporters Without Borders / CPJ / IFEX / Freedom House):

  • Fondos de Respuesta Rápida (Emergency Response Grants): Desde la ola de expatriaciones y confiscaciones (2021–2023), se han desembolsado más de $800,000 dólares en microbecas individuales de emergencia (de $1,000 a $5,000 por periodista) para cubrir reubicación, asistencia legal, soporte de salud mental y sustitución de equipos incautados.

• Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Redes Regionales:

• Administran fondos intermedios para el monitoreo de agresiones a la prensa (Informe Sombras) y programas de asistencia técnica con presupuestos operativos combinados que oscilan entre $300,000 y $500,000 dólares anuales

Recomendaciones de NNG para que el periodismo pueda ganar la credibilidad de los lectores

1. Publicación voluntaria de fuentes de financiamiento

Los medios beneficiarios de cooperación internacional deberían divulgar periódicamente los programas, fondos y proyectos financiados por organismos externos.

2. Auditorías independientes

Promover auditorías periódicas realizadas por firmas externas e independientes bajo estándares internacionales.

3. Separación entre actividad partidaria y actividad periodística

Fortalecer políticas editoriales que prevengan conflictos de interés reales o percibidos.

4. Diversificación de ingresos

Fomentar modelos híbridos basados en membresías, publicidad, servicios especializados y apoyo ciudadano.

5. Protección de periodistas y transparencia simultáneamente

La seguridad de periodistas en contextos represivos puede coexistir con mecanismos adecuados de rendición de cuentas institucional.

📲Desde NNG

La experiencia nicaragüense pone de manifiesto una crisis que trasciende el debate sobre la libertad de prensa y alcanza el terreno de la credibilidad institucional. Durante años, la discusión pública se ha concentrado en la necesidad de proteger al periodismo frente a contextos adversos; sin embargo, con mucha menor intensidad se ha debatido la obligación de que los propios medios adopten estándares rigurosos de transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas.

El periodismo no puede aspirar a convertirse en un actor legítimo del fortalecimiento democrático mientras persistan interrogantes sobre el origen, administración y destino de los recursos financieros que sostienen sus operaciones. La independencia editorial no se proclama; se demuestra mediante prácticas verificables de gobernanza, auditoría y transparencia pública. En ausencia de estos mecanismos, la confianza ciudadana se erosiona y abre espacio a percepciones de dependencia política, sesgo ideológico o conflictos de interés.

Asimismo, resulta preocupante la creciente confusión entre periodismo, activismo político y comunicación partidaria. Cuando la producción informativa se orienta principalmente a la promoción de agendas políticas, a la confrontación permanente o a la construcción de narrativas destinadas a fortalecer determinados sectores de poder, el riesgo es que la labor periodística deje de servir al interés público para convertirse en una herramienta de influencia política. En ese escenario, la ciudadanía deja de percibir a los medios como fiscalizadores independientes y comienza a verlos como actores involucrados directamente en las disputas de poder.

NNG considera igualmente necesario abrir un debate serio sobre las prácticas de monetización de espacios informativos y de opinión. La participación de analistas, líderes comunitarios, comentaristas o figuras públicas debe estar guiada por criterios profesionales, editoriales y éticos claramente definidos. Cualquier mecanismo de compensación económica debe ser transparente, declarado y sujeto a controles que eviten conflictos de interés o percepciones de compra de influencia dentro del debate público.

La crisis actual no debe entenderse únicamente como un problema de financiamiento. Se trata, sobre todo, de una crisis de confianza. Un periodismo dependiente de agendas externas, de dinámicas permanentes de confrontación política o de incentivos económicos opacos corre el riesgo de perder su función esencial: informar con rigor, pluralidad e independencia.

Para el Grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG), el futuro del periodismo nicaragüense no depende únicamente de obtener nuevos recursos financieros, sino de recuperar su legitimidad ante la ciudadanía mediante transparencia absoluta, profesionalismo verificable, diversidad de voces, independencia editorial real y rendición de cuentas permanente. Sin estos pilares, cualquier discurso sobre libertad de prensa corre el riesgo de perder credibilidad frente a una población cada vez más escéptica y exigente respecto de quienes buscan influir en la opinión pública.

Referencias:

• FIU Center for the Administration of Justice: https://caj.fiu.edu/projects/latin-america/nicaragua/
• FIU y USAID (2024): https://sipa.fiu.edu/news-events/news/2024/fiu-and-usaid-renew-their-agreement-to-continue-working-together-expanding-opportunities-for-students-and-research.html
• FES América Central: https://americacentral.fes.de/
• FES Nicaragua: https://www.fesamericacentral.org/nicaragua.html
• Friedrich Naumann Foundation: https://www.freiheit.org/central-america
• UNESCO Premio Mundial de Libertad de Prensa 2025: https://www.unesco.org/en/articles/nicaraguan-newspaper-la-prensa-wins-unesco/guillermo-cano-world-press-freedom-prize-2025
• UNESCO sobre La Prensa y Nicaragua: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-statement-following-nicaraguas-decision-withdraw-organization
• USAID OIG Auditoría FVBCh: https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2019-10/9-524-20-004-R.pdf

***Equipo NNG ***

Aparato de Choque Estudiantil que Sostiene al Régimen en Nicaragua

 

Operación Campus: Blindaje Financiero y Aparato de Choque Estudiantil que Sostiene al Régimen en Nicaragua (1979–2026)

Por NNG

Transformación Histórica del Movimiento Estudiantil (1979–2026)

La evolución del movimiento estudiantil en Nicaragua desde 1979 hasta 2026 revela una transformación profunda que ha alterado la naturaleza de los recintos universitarios. Lo que comenzó como un espacio de pensamiento crítico y participación democrática se convirtió, con el paso de las décadas, en un instrumento de control político y movilización partidaria. En los años posteriores al derrocamiento del somocismo, las organizaciones estudiantiles actuaban como motores de alfabetización y participación cívica. Sin embargo, a partir del retorno del FSLN al poder en 2007, estas estructuras fueron cooptadas de manera sistemática, transformándose en aparatos de vigilancia ideológica y de choque dentro de los campus.

Referencias: BBC Mundo, DW Español

El Periodo Revolucionario y la Construcción del Nuevo Estado (1979–1990)

Durante el periodo revolucionario, el movimiento estudiantil se integró plenamente al proyecto político del nuevo gobierno. Las universidades se convirtieron en centros de participación masiva, donde los estudiantes asumieron tareas de alfabetización, defensa civil y construcción institucional. Aunque alineado al gobierno, este movimiento mantenía elementos de autonomía y participación crítica que permitían un diálogo social amplio. Con la llegada de los gobiernos liberales en los años noventa, las organizaciones estudiantiles se enfocaron en la lucha por el cumplimiento del 6% constitucional, protagonizando protestas y tomas de recintos que marcaron un hito en la defensa de la autonomía universitaria.

Referencias: Confidencial

La Cooptación Institucional y el Vaciamiento de la Autonomía (2007–2017)

El retorno del FSLN al poder en 2007 marcó un punto de inflexión decisivo. Las estructuras estudiantiles fueron absorbidas por el aparato partidario, subordinando la autonomía universitaria a los intereses del régimen. La autonomía, consagrada en el Artículo 125 de la Constitución y desarrollada en la Ley 89, fue vaciada de contenido mediante reformas que otorgaron al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y al Ministerio de Hacienda un control absoluto sobre los recursos, nombramientos y planes de estudio. Esta etapa consolidó la subordinación de los recintos a la lógica del partido gobernante.

Referencias: Nicaragua Investiga

La Rebelión de 2018 y la Represión Universitaria (2018–2021)

La crisis sociopolítica de 2018 reveló la magnitud del conflicto entre las estructuras estudiantiles oficialistas y los movimientos autoconvocados. Los recintos universitarios se convirtieron en bastiones de resistencia, donde miles de jóvenes se enfrentaron a las fuerzas de choque vinculadas a UNEN y la Juventud Sandinista. La respuesta del régimen fue contundente: represión, asedio, confiscación de universidades como la UCA y exilio forzado de líderes estudiantiles independientes. Este periodo consolidó la transición de los campus hacia espacios completamente controlados por el aparato estatal, eliminando cualquier vestigio de autonomía real.

Referencias: Divergentes, CNN Español

Centralización Absoluta y Control Electoral (2022–2026)

Entre 2022 y 2026, el régimen completó la centralización absoluta del sistema universitario. Las reformas al CNU y al Ministerio de Hacienda transformaron la estructura de gobernanza de la educación superior en un modelo vertical donde UNEN y FES quedaron como las únicas organizaciones autorizadas. Estas entidades operan como brazos electorales y de choque, administrando beneficios estudiantiles bajo criterios de lealtad partidaria y controlando la movilización juvenil en eventos políticos. El financiamiento de estas estructuras proviene de los recursos del 6% constitucional, que ascienden a entre 8,500 y 9,500 millones de córdobas anuales, además de partidas administradas por el CNU que oscilan entre 384 y 860 millones de córdobas.

Referencias: Confidencial, Infobae

El Financiamiento Formal e Informal del Aparato Estudiantil Oficialista

Aunque no existe una partida presupuestaria explícita que financie “grupos de choque”, el sostenimiento económico de estas estructuras se canaliza a través de rubros de bienestar estudiantil, becas condicionadas, comedores, transporte y actividades culturales y deportivas. Paralelamente, existe un financiamiento informal proveniente de alcaldías, ministerios y la Juventud Sandinista, que cubre logística para concentraciones políticas, transporte, combustible y avituallamiento. Este modelo convierte a los movimientos estudiantiles oficialistas en una maquinaria de control territorial y electoral que opera dentro y fuera de los campus.

Referencias: Divergentes

Impacto del Colapso Financiero en las Estructuras Estudiantiles Oficialistas

Si estas estructuras perdieran repentinamente su financiamiento y el respaldo institucional del régimen, el aparato de control interno colapsaría de inmediato. La ausencia de incentivos económicos desarticularía la maquinaria de vigilancia y movilización, permitiendo la reaparición de espacios de pluralismo y autonomía real. Los campus podrían convertirse nuevamente en centros de pensamiento crítico y participación democrática, debilitando el brazo electoral juvenil del FSLN y reduciendo su capacidad de control territorial.

Referencias: BBC Mundo

Riesgos para un Gobierno de Transición Interino (GTI)

Un eventual Gobierno de Transición Interino (GTI) enfrentaría riesgos significativos si no desmantela estas estructuras desde el inicio. Las redes incrustadas en los recintos universitarios podrían sabotear reformas académicas, paralizar la administración y promover focos de confrontación violenta. La transición democrática podría verse amenazada por tácticas de resistencia callejera y campañas de desinformación promovidas por cuadros remanentes.

Referencias: CNN Español

Necesidad de un Marco Legal Hemisférico para la Transparencia Universitaria

Para evitar que los movimientos estudiantiles continúen operando como milicias partidarias o cajas negras de financiamiento político, es indispensable establecer un marco de legalidad inspirado en los principios de gobernanza democrática y transparencia emanados de las Cumbres de las Américas. Esto implica exigir personería jurídica plural, auditoría abierta de recursos y sanciones penales por desvío proselitista de fondos públicos.

Referencias: OEA, CIDH, Corte IDH

📲Desde NNG:

La reconstrucción del sistema universitario nicaragüense no es únicamente un desafío administrativo: es un imperativo de seguridad nacional, estabilidad democrática y protección de la juventud. Durante casi dos décadas, el régimen Ortega‑Murillo fracturó deliberadamente la misión esencial de las escuelas y universidades, sustituyendo la educación por proselitismo político, la formación académica por adoctrinamiento partidario, y la participación estudiantil por aparatos de choque diseñados para reprimir la disidencia. Esta distorsión estructural convirtió a los centros educativos en extensiones del poder político, anulando la autonomía universitaria, destruyendo la meritocracia y manipulando a generaciones enteras de jóvenes para sostener un proyecto autoritario.

Restablecer law and order en el sistema educativo es, por tanto, una condición indispensable para cualquier transición democrática. Sin seguridad en los campus, sin neutralización de las fuerzas de choque y sin despartidización de los recintos, ninguna reforma institucional podrá sostenerse. La educación en Nicaragua ha sido utilizada como herramienta de control social, y revertir esta lógica exige una intervención técnica, jurídica y operativa que devuelva a las escuelas y universidades su propósito fundamental: formar ciudadanos libres, críticos y capaces de construir un país democrático.

El Grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG) sostiene que el Gobierno de Transición Interino (GTI) debe priorizar la restauración de la autonomía universitaria como una política de Estado. Esto implica desmantelar el monopolio gremial de UNEN y FES, auditar de manera forense los fondos del 6% constitucional, y establecer mecanismos de reparación para estudiantes y docentes expulsados por motivos políticos. Sin estas medidas, el sistema educativo seguirá siendo un instrumento de manipulación y violencia, capaz de sabotear cualquier proceso de transición democrática.

Asimismo, es imprescindible sustituir el modelo clientelar que ha dominado la educación superior por un sistema basado en mérito, transparencia y pluralidad ideológica. Las becas, los programas de bienestar y los recursos públicos deben administrarse bajo criterios objetivos y verificables, eliminando los filtros de lealtad partidaria que han convertido a los estudiantes en dependientes políticos del régimen. La educación debe volver a ser un espacio donde el conocimiento prevalezca sobre la propaganda, y donde la excelencia académica sea el motor del desarrollo nacional.

Para garantizar que estas reformas no sean saboteadas por estructuras remanentes del sandinismo, NNG recomienda la implementación de un blindaje internacional temporal, coordinado con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Escudo de las Américas. Este acompañamiento permitirá asegurar la integridad física de los campus, prevenir la rearticulación de fuerzas de choque y garantizar que las reformas académicas se ejecuten sin interferencias políticas.

La educación es el pilar de cualquier democracia. En Nicaragua, ese pilar fue deliberadamente destruido. Reconstruirlo exige decisión política, rigor jurídico y una visión hemisférica que reconozca que sin escuelas libres y universidades autónomas, no puede existir una República funcional. El hemisferio debe entender que la manipulación de estudiantes como aparatos represivos no es solo un problema nacional: es una amenaza regional que, de no atenderse, puede replicarse en otros países donde la educación se convierte en un instrumento de control autoritario.

Restablecer la educación como un derecho y no como un mecanismo de dominación es, por tanto, una tarea urgente y estratégica. Nicaragua no podrá recuperar su democracia sin recuperar primero sus aulas.

Referencias

•  ​Infobae - Informes sobre la situación de las universidades en Nicaragu
• Confidencial - Reportajes de investigación sobre el presupuesto y confiscación de universidades en Nicaragua
• Divergentes - Cobertura especial sobre la represión y control en los recintos universitarios
• Nicaragua Investiga - Análisis sobre las reformas al CNU y la pérdida de autonomía
• DW Español - Coberturas sobre la crisis sociopolítica y derechos estudiantiles en Nicaragua
• BBC News Mundo - Reportajes sobre el movimiento estudiantil y la crisis de 2018
• CNN en Español - Seguimiento a la situación de la educación superior y derechos humanos en el país
• 100 Noticias - Archivo histórico de protestas y gestión del presupuesto universitario
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***Equipo NNG***