Países de Centroamérica y México renuevan su compromiso conjunto para fortalecer la protección de las personas desplazadas
Referencia: C-079/25
Referencia: C-079/25
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado un paso importante al publicar el 19 de noviembre de 2025 en el Federal Register la propuesta titulada Public Charge Ground of Inadmissibility. Puedes leer el documento oficial directamente en el Federal Register y en la plataforma govinfo .
La propuesta busca rescatar la discreción histórica de los oficiales de USCIS para determinar si un solicitante de green card podría convertirse en una “carga pública”. En lugar de mantener las definiciones restrictivas de la regla de 2022, el DHS plantea un marco más amplio que considera el “total de las circunstancias” de cada caso.
La propuesta se apoya en dos leyes clave:
Estos cambios amplían el escrutinio sobre el uso de beneficios públicos y podrían complicar las solicitudes de residencia permanente para miles de inmigrantes. El DHS afirma que la medida busca alinear la política con la autosuficiencia y evitar que los beneficios públicos incentiven la inmigración.
Si eres inmigrante y crees que podrías estar afectado, es recomendable consultar a un abogado de inmigración y enviar tus comentarios antes del 19 de diciembre de 2025 en el docket oficial USCIS-2025-0304.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) acaba de publicar un informe que pone bajo la lupa a tres países: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Aunque los tres comparten patrones de represión, el caso de Nicaragua destaca por su sistematicidad y brutalidad.
En Nicaragua, los líderes religiosos son blanco directo del régimen Ortega-Murillo.
Amenazas y vigilancia: Pastores y sacerdotes reciben órdenes de no hablar de la crisis política y económica. La policía incluso graba sermones y luego visita a los predicadores para intimidarlos.
Presencia intimidante: Oficiales se instalan alrededor de templos, fotografiando y grabando a los fieles.
Los sacerdotes y obispos denuncian ser seguidos las 24 horas del día. Además, el gobierno lanza ataques verbales contra la Iglesia Católica, llamando a sus líderes “obispos de Satanás”. La represión no solo es física, también busca destruir la credibilidad de las instituciones religiosas.
El caso del Pastor Rudy Palacios Vargas es emblemático: detenido junto a familiares y amigos, uno de los cuales murió bajo custodia estatal. Palacios ya era perseguido desde 2018 por brindar apoyo espiritual y médico a estudiantes manifestantes. La lista de víctimas de libertad religiosa en Nicaragua es larga: 84 personas figuran en el registro de USCIRF, más que en Cuba y Venezuela.
El régimen utiliza la llamada “ley de agentes extranjeros” y reformas constitucionales para cancelar la personalidad jurídica de miles de organizaciones, incluidas al menos 11 de carácter religioso en 2025. Esto significa que pierden propiedades, templos y cualquier protección legal. Desde 2018, más de 5,400 organizaciones han sido cerradas.
Nicaragua ha despojado de la nacionalidad a más de 450 personas desde 2023, entre ellas líderes religiosos. La reforma constitucional de 2024 establece que los “traidores a la patria” pierden automáticamente su ciudadanía. Una forma extrema de expulsión y silenciamiento.
El gobierno permite celebraciones religiosas solo si están alineadas con el FSLN. Se han prohibido más de 16,500 procesiones religiosas desde 2018, reemplazándolas con actos organizados por el partido. Los grupos que aceptan colaborar reciben beneficios, mientras los independientes son castigados.
La pregunta que queda es: ¿cómo puede la comunidad internacional y la sociedad civil responder a un modelo que criminaliza la espiritualidad y convierte la religión en enemigo del Estado?
Ciertamente no es recibiendo a individuos vinculados con la dictadura que ahora se proyectan como oposicion.
Visibilizar los abusos: Documentar y difundir casos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y cierres de organizaciones religiosas. La visibilidad internacional reduce el margen de impunidad y presiona a los gobiernos.
Apoyar a las víctimas: Crear redes de acompañamiento para líderes religiosos y comunidades perseguidas. Esto incluye asistencia legal, apoyo psicológico y ayuda humanitaria básica.
Fortalecer alianzas regionales: Conectar organizaciones locales con redes hemisféricas y globales de derechos humanos. La cooperación transnacional amplifica las denuncias y protege a quienes alzan la voz.
Defender el espacio cívico: Promover reformas legales que garanticen la existencia de ONG y asociaciones religiosas libres de control estatal. La IACHR recomienda alinear las leyes nacionales con estándares internacionales.
Educar y sensibilizar: Generar campañas que expliquen por qué la libertad religiosa es un derecho humano fundamental, vinculado a la democracia y la dignidad.
Usar plataformas digitales: En contextos donde los medios tradicionales están cooptados, las redes sociales y medios digitales se convierten en herramientas para difundir información verificada y movilizar apoyo.
Incidir en políticas internacionales: Apoyar sanciones específicas contra funcionarios responsables de violaciones graves, como recomienda USCIRF para Cuba y Nicaragua.
Represalias locales: Activistas y comunidades enfrentan riesgos de vigilancia, confiscación de bienes y pérdida de ciudadanía.
Cierre de organizaciones: Más de 5,000 ONG han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018, incluidas más de 1,200 religiosas.
Necesidad de coordinación: La acción aislada puede ser fácilmente neutralizada; por eso es vital la cooperación internacional y el respaldo de organismos multilaterales.
✨ La sociedad civil no puede detener por sí sola la maquinaria represiva, pero sí puede mantener viva la memoria, proteger a las víctimas y abrir espacios de resistencia pacífica. Cada acción — suma al esfuerzo por garantizar que la fe y la conciencia no sean criminalizadas.
***Equipo NNG***
Si te preguntas dónde hemos estado, queremos compartir que el equipo de dirección ha estado completamente dedicado a las actividades de la Cumbre de las Américas. El esfuerzo invertido en investigación, análisis, comportamiento estratégico y negociación logística ha sido intenso y profundamente comprometido.
Este año hemos logrado presentar numerosas recomendaciones que constituyen bases sólidas para futuros proyectos. Hemos logrado posicionarnos con propuestas de alto valor estratégico que ofrecen a Nicaragua y a la región oportunidades concretas para avanzar en múltiples dimensiones del desarrollo económico.
La Cumbre de las Américas ha sido un espacio fundamental para fortalecer la colaboración con la sociedad civil y con organizaciones que trabajan genuinamente por el bienestar de sus ciudadanos. A través de este diálogo, se han coordinado esfuerzos para construir una América más democrática, más libre y más soberana.
Asimismo, la Cumbre ha permitido observar con mayor claridad las dinámicas de ciertos sectores opositores que, lamentablemente, han optado por generar conflicto sin aportar propuestas viables. Muchas de estas recomendaciones no han cumplido con los criterios de aplicabilidad hemisférica, y en cambio han respondido a intereses particulares, lo cual limita su consideración en este espacio multilateral.
Sin embargo, hemos recibido recientemente la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informando la postergación de la X Cumbre, originalmente prevista en la República Dominicana. Esta decisión responde a un contexto regional complejo, caracterizado por la persistente crisis en Venezuela, los desafíos estructurales en Centroamérica y México, y la situación de vulnerabilidad que enfrentan varias islas del Caribe tras el paso de fenómenos naturales.
A ello se suma la limitada capacidad de respuesta de ciertos mecanismos regionales como el PARLACEN y el SICA, cuya actuación no ha estado alineada con los principios de legitimidad democrática ni con los compromisos multilaterales que guían la Cumbre de las Américas y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La inclusión de actores estatales que no cuentan con reconocimiento institucional ni con procesos democráticos legítimos debilita la posibilidad de construir propuestas colectivas, sostenibles y representativas.
En este escenario, no se han dado las condiciones óptimas para avanzar en una agenda verdaderamente hemisférica. La voluntad política, la coherencia institucional y el respeto por la legitimidad de los Estados participantes son elementos indispensables para retomar el camino del consenso y la acción conjunta.
Tras los avances logrados desde la IX Cumbre, reafirmamos que es indispensable la disposición de los Estados participantes para acordar políticas que puedan integrarse en los ámbitos de justicia, presupuesto, desarrollo economico y planificación gubernamental.
Seguiremos activos y comprometidos con todos ustedes, hasta que nuevamente se nos convoque a asumir la responsabilidad de representar la voz de nuestro país.
**Equipo NNG **