El poder como refugio del crimen

 “El rostro del poder y el silencio”

🛑 Ortega: El poder como refugio del crimen

Crímenes de Estado, abuso sexual y corrupción bajo el régimen

Por Equipo NNG

En Nicaragua, el poder no se ejerce para proteger al pueblo, sino para blindar a quienes lo violentan. Lo que comenzó como una dictadura electoral se ha transformado en un régimen acusado internacionalmente de crímenes de lesa humanidad, corrupción sistemática, lavado de dinero, y lo más grave: abuso sexual contra niñas, encubierto por el aparato estatal.

🔴 Crímenes de Lesa Humanidad: El Estado como arma

En abril de 2025, un informe de expertos de la ONU identificó a Daniel Ortega, Rosario Murillo y 52 altos funcionarios como responsables de crímenes de lesa humanidad. Las prácticas denunciadas incluyen:

• Detenciones arbitrarias

• Torturas

• Ejecuciones extrajudiciales

• Persecución de la sociedad civil

“Cada brazo del Estado ha sido convertido en un arma contra su propio pueblo.” — Grupo de Expertos de la ONU

⚖️ Orden de captura internacional

En diciembre de 2024, un juez federal argentino emitió una orden de indagatoria y captura internacional contra Ortega y Murillo, bajo el principio de jurisdicción universal. Las acusaciones incluyen:

• Asesinatos

• Desapariciones forzadas

• Tortura

• Persecución política desde 2018

💰 Corrupción y crimen organizado

Informes de Transparencia Internacional, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado:

• Uso indebido de fondos públicos

• Enriquecimiento ilícito de la familia Ortega-Murillo

• Control de empresas estatales y medios para fines partidarios

• Vínculos con redes de tráfico de influencias y represión judicial

🧼 Lavado de dinero: impunidad institucionalizada

Un análisis de Expediente Abierto reveló que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está dirigida por militares y policías leales al régimen. Las medidas antilavado se aplican selectivamente contra opositores, mientras se protege a aliados sospechosos. Según el GAFI, Nicaragua presenta “deficiencias significativas” en su sistema de prevención.

🚫 Narcotráfico y confiscaciones

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción denunció que el régimen ha confiscado bienes por más de $250 millones, alegando vínculos con narcotráfico. Las propiedades pertenecen a ONG, medios y empresarios críticos. Se trata de una nueva “piñata” política, como en los años 80.

🔫 Tráfico de armas: alerta regional

Aunque no hay acusaciones formales, organismos de seguridad regionales han advertido sobre el uso de estructuras estatales para facilitar el tránsito de armas en Centroamérica, especialmente en zonas fronterizas con Honduras y Costa Rica.

🟥 Abuso sexual infantil desde el poder

1. Zoilamérica Narváez

En 1998, la hijastra de Ortega lo denunció por abusos sexuales continuados desde los 12 años. El sistema judicial bloqueó el proceso. En 2001, la CIDH admitió el caso y concluyó que el Estado violó su derecho a un juicio imparcial.

2. Elvia Junieth Flores

En 2005, Ortega fue acusado de abusar sexualmente de Elvia Junieth, una menor de 15 años. El resultado fue el nacimiento de una niña cuya paternidad fue atribuida a Néstor Moncada Lau, secretario privado de Ortega. El hermano de la víctima, Santos Sebastián Flores, fue encarcelado tras denunciar el caso y sigue preso desde 2013.

3. Néstor Moncada Lau

Aunque no ha sido formalmente acusado, Moncada ha sido señalado como encubridor del abuso y presunto padre de la niña. Es uno de los funcionarios más cercanos a Ortega, con poder sobre seguridad y operaciones confidenciales.

🔓 Indultos a violadores de niñas

En 2025, Ortega otorgó indultos a reos condenados por violación agravada y abuso sexual infantil, bajo el programa de “convivencia familiar”. Entre ellos:

• José Cristino Guerrero Zamora, condenado por violar a una niña de 9 años

• Doribel Isabel Gutiérrez Gurdián, condenada por trata sexual de una menor de 12 años

Estos indultos violan la legislación nacional que prohíbe beneficios penitenciarios para delitos graves contra menores.

⚠️ ¿Por qué no hay más denuncias públicas?

• El sistema judicial está controlado por el Ejecutivo

• Las víctimas enfrentan represalias, aislamiento y cárcel

• Organismos como el CENIDH y la CPDH han sido desmantelados

El caso de Ortega require:

• Investigación internacional independiente

• Justicia para las víctimas, no represión para los denunciantes

• Fin de los indultos a agresores sexuales

• Reformas profundas al sistema judicial y electoral

Sin embargo, mientras las víctimas siguen esperando justicia, el régimen avanza en sentido contrario. Ayer, la Asamblea Nacional consideró la llamada ley “TOD@S contra la Corrupción”, un proyecto que no confronta la corrupción, sino que la centraliza en el poder ejecutivo, otorgando facultades absolutas al Procurador General de Justicia, nombrado directamente por el presidente.

Esta ley no es una herramienta de transparencia, sino un mecanismo de blindaje. No combate el crimen: lo institucionaliza. No empodera al pueblo: lo silencia.

Y lo más grave: lo hace a la conveniencia de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han convertido cada institución en un instrumento de control, cada ley en un escudo de impunidad, y cada discurso en una negación de la realidad.

Desde NNG, lo decimos con claridad: La justicia no se decreta desde el poder. Se construye desde el pueblo, con verdad, memoria y participación.

***Equipo NNG***